DDESER- "Responsabilizamos al gobierno federal, al de Guanajuato y al Instituto de la Juventud de las agresiones."
El gobierno mexicano convoco a organizaciones juveniles de diversos países para llevar a cabo la Conferencia Mundial de la Juventud la cual tiene como propósito identificar prioridades de acción sobre juventud para ser atendidas en la agenda internacional de desarrollo con miras al 2015 y más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Dicha Conferencia tiene como sede la ciudad de León Guanajuato con el fin de abordar las problemáticas que afectan a las juventudes.
En el marco de esta conferencia la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (ddeser) se sumaro con actividades que fomenten la participación de las y los jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos. El día de 24 de agosto, los stands de estas organizaciones sufrieron el robo de materiales informativos por parte de grupos que pretenden generar un ambiente de confrontación y hostilidad entre quienes participamos en las diversas actividades dentro de la conferencia. Cabe mencionar que en otros momentos del día compañeras/os de diversas organizaciones que abordan los temas de Derechos Sexuales y Reproductivos fueron objeto de acciones que intentaban provocar situaciones de violencia.
Uno de los principales problemas que esta viviendo nuestro país actualmente es la violencia por ello nuestra preocupación que un evento de esta magnitud en donde participamos jóvenes de diversos países, las instancias involucradas en la realización del mismo no garanticen la integridad personal de quienes participamos en la misma.
Por ello la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, exigimos las condiciones para que las actividades que se desarrollan en la Conferencia Mundial de la Juventud se realicen en un marco de respeto a la pluralidad de opiniones.
Responsabilizamos al Gobierno Federal, al Gobierno de Guanajuato y al Instituto Mexicano de la Juventud por alguna agresión de cualquier índole a las y los participantes en esta Conferencia.
Para cualquier duda o contacto, comunicarse con Gabriela García Mejía
Tel (044) 55 23 125793
miércoles, 25 de agosto de 2010
lunes, 16 de agosto de 2010
A cinco años de que venza la meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Grave problema de derechos humanos en México
Reafirmar compromiso para reducir MM, pide CIDH
Por Anayeli García Martínez
México D.F 9 ago 2010 (CIMAC).- A cinco años de que venza la meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que se reafirme el compromiso de reducir la Muerte Materna (MM) en el mundo.
2015 es la fecha establecida para alcanzar los ODM, es decir, los compromisos acordados el año 2000 por 189 países -entre ellos México- en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
Entre las metas específicas encaminadas a cubrir necesidades humanas básicas se encuentra erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.
Pero ante los lentos avances en este último objetivo, esta semana la CIDH publicó el informe “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, donde expresa su preocupación por la MM, la cual continúa siendo un problema grave de derechos humanos.
El documento, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que las principales causas que provocan la mortalidad y morbilidad materna en los países miembros de la Organización de Estados Americanos, son prevenibles.
Estas causas son: preeclampsia (elevación de la presión arterial), hemorragia y aborto, y aunque varían según la razón de mortalidad materna y las coberturas de atención prenatal, parto y prevalencia de uso de anticoncepción de cada país, los índices de MM en la región alcanzan un total de 22 mil 680 muertes anuales
En el ámbito nacional, durante 2008, se registraron 70 defunciones maternas en los 125 municipios del país con menor índice de desarrollo humano, nueve más que las registradas en 2006, indica el informe Rendición de Cuentas en Salud 2008 de la Secretaría de Salud (SS).
Los municipios ubicados en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, registraron una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 182 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, que representa un aumento del 12.3 por ciento respecto a 2006.
Estos datos dejan ver que la SS no sólo esta lejos de cumplir la meta de reducir la MM, también muestra que la pobreza extrema sigue siendo un problema relacionado con el acceso a los servicios de salud.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, creado en 2004 para medir la pobreza, revela que en 2006 habían 13.8 millones de personas en pobreza alimentaria y en 2008 aumentó a 18.2 millones.
Esto resulta importante porque la CIDH considera que un obstáculo para reducir la MM en la región es que las mujeres pobres tienen que enfrentar los gastos relacionados con la atención médica.
Asimismo, los horarios de atención, la falta de equipamiento, suministros médicos o medicamentos adecuados para atender las emergencias, así como personal médico capacitado al interior de los servicios para responder a estas emergencias, particularmente obstétricas, constituyen barreras en el acceso a servicios de salud materna.
Otros factores estructurales que enfrentan las mujeres, particularmente quienes habitan en zonas rurales, es la lejanía de los servicios de salud.
Además de la accesibilidad física y económica, la falta de información en materia reproductiva opera como otra dificultad debido a que impide a las mujeres adoptar decisiones libres y fundamentadas sobre su cuerpo, y como consecuencia la falta de prevención y promoción de su salud y la de sus hijos.
Respecto a la legislación, la CIDH destaca que los países latinoamericanos no han implementado leyes, políticas, programas y prácticas que beneficien la salud de las mujeres en el ámbito de la salud materna, así como la ausencia de protocolos para regular la atención médica en este ámbito.
Medidas prioritarias
De acuerdo con la CIDH, son obligaciones prioritarias de los Estados: identificar y asignar recursos humanos y materiales para trabajar hacia la eliminación de las barreras en el acceso a los servicios médicos.
Para reducir las muertes prevenibles por causa de embarazo o parto, es necesario que las mujeres tengan un acceso eficaz a servicios obstétricos de emergencia, y a la atención previa y durante el parto.
En el caso de México, información de la organización Fundar Centro de Análisis señala que hasta el año 2000 en estados como Chiapas había un especialista en gineco-obstetricia por cada 7 mil 490 mujeres, en Oaxaca por cada 6 mil 985 y en Guerrero uno por cada 4 mil 132.
En este panorama la CIDH exhortó a que se prioricen los esfuerzos y recursos para garantizar el acceso a servicios de salud materna a las mujeres que pueden encontrarse en mayor riesgo por discriminación, por ser indígenas, afrodescendientes, adolescentes, pobres o por habitar en zonas rurales.
Aunque en México la SS ha reconocido la dificultad para cumplir con el Objetivo 5 referente a mejorar la salud materna, debe impulsar estos compromisos para 2015 y entregar un informe de avances en la materia en la Cumbre internacional que se realizará en Nueva York, del 20 al 22 de septiembre próximo.
Mujeres y Política por Soledad Jarquin Edgar*
A la Generación de Oro de la UAG, a veinticinco años de distancia;
Más de una década después de que mujeres independientes, feministas, académicas, de organizaciones no gubernamentales e, incluso, servidoras públicas, demandaran de manera reiterada y en tiempos distintos, las reformas y adiciones necesarias para la eliminación de vacíos legales al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el pasado jueves 12 de agosto se aprobó el procedimiento que hará realidad lo establecido en el artículo 316, fracción II del Código Penal, es decir, el cómo, el quién y el dónde se debe practicar un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, disposición contemplada en Oaxaca desde 1944, según dato obtenido en el dictamen presentado.
La dilación de más de seis décadas para normar el procedimiento de aborto legal en caso de violación por parte del Legislativo es una larga cuenta de muertes maternas, frente a la única opción de las mujeres a realizarse abortos en condiciones no seguras; en otras, el dogmatismo del Legislador, se traduce en enfermedades que las discapacitan y que arrastran a lo largo de sus vidas como resultado de malas prácticas médicas al momento de un aborto que la ley no les garantizó y, un tercer drama, el cambio radical de la vida de las mujeres, que frente al vacío legal como principal obstáculo, son doblemente victimizadas al negarles su derecho al aborto legal y son obligadas a tener un hijo no deseado que le recordará durante toda su vida la forma brutal en que fue concebido. Sí, aunque digan lo contrario.
Pero los tiempos cambian y el reacomodo de las fuerzas políticas actuó como viento a favor de esta añeja demanda de las mujeres que viven en Oaxaca. Así, el priismo llevó la propuesta hasta las últimas consecuencias y el pasado jueves, por unanimidad se aprobaron las reformas y adiciones a varios artículos del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, que establecen los procedimientos de aborto en caso de violación. Sin duda y parafraseando a Neil Amstrong: “es un pequeño paso para las mujeres pero un gran salto para la humanidad”.
La adición al artículo 60 del Código de Procedimientos Penales establece que la interrupción legal del embarazo (ILE) se hará en los hospitales de asistencia pública, los cuales deberán contar con el personal no objetor de conciencia, lo que habría de garantizar a las mujeres este servicio.
Esta reforma establece que corresponderá al Ministerio Público autorizar en 72 horas, contadas a partir de la solicitud del ILE presentada por quien ha sido agredida sexualmente; en seguida el MP notificará al Secretario (o Secretaria) de Salud de la entidad, quien tendrá que ordenar a quién corresponda la práctica del ILE y deberá tomar la muestra del producto para la realización de la prueba de ADN y determinar la responsabilidad del agresor.
No hay duda, es un paso importante, pequeño pero importante, que al menos blinda el derecho de las mujeres a abortar cuando el embarazo es resultado de una violación sexual ¡faltaba más! como decía mi querida abuelita Lucha y es un gran salto considerando lo ocurrido en los últimos años con el derecho a decidir de las mujeres en 18 entidades del país, además de que ignoramos el rumbo que tomarán los derechos de las mujeres con la derechaizquierda, dispuestos a no plantear nada que pueda romper la pretendida unidad al seno de la próxima legislatura (todos contra el PRI), al grado tal que Manuel Camacho Solís ya les tiró línea y les advirtió que para evitar rompimientos nada que tenga que ver con el aborto y el matrimonio homoparental, donde tal parece no hay ni habrá consensos, una hendidura grave que con el tiempo podría desmoronar la casa. Los vientos políticos, queda claro, han cambiado de rumbo, leyó bien ese rumbo la bancada priista que llevó la aprobación de las modificaciones que supuestamente propuso Ulises Ruiz vía el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hasta la unanimidad con la votación de 37 diputados que asistieron, cinco legisladores se perdieron esa oportunidad por encontrarse de permiso: Francisca Vera Pineda y Amador Jara Cruz, del PRD; Juan Olivera del PT, Magdiel Hernández Caballero del PUP y José Vásquez Morales del PSD.
Sin embargo, el Legislativo deja pendientes graves, como las aberrantes reformas al Artículo 12 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, lo que sucedió en septiembre pasado a propuesta de la panista y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Perla Woolrich, y que fehacientemente defendieron los priistas, en esa alianza de compromisos que suscribieron legisladores del PRI con el PAN sobre el cuerpo de las mujeres, provocando con ello la criminalización del aborto en 18 entidades del país.
Hemos escuchado cómo algunos actores políticos, algunas mujeres y una mayoría de hombres, han empezado a plantear un debate sobre el aborto, todos quieren decir qué deben hacer las mujeres, entre ellos por supuesto la jerarquía católica, los diputados que no resisten las tentaciones del patriarcado, los funcionarios que con poder se pretenden infalibles y, bueno, hasta los que nada tienen que decir opinan; sin embargo, las mujeres no plantean debate alguno, todos estos años lo que han puesto sobre la mesa es su derecho a decidir y a determinar sobre sus cuerpos, como una decisión propia y no del resto de las personas.
En Guanajuato, por ejemplo, el Legislativo de filiación panista, criminalizó el aborto mediante una figura creada para ello y que se denomina “homicidio en razón de parentesco”. El resultado es que 166 mujeres han sido denunciadas por el personal médico de hospitales públicos, 14 enfrentan un proceso penal, nueve han sido sentenciadas con penalidades que superan los 25 años de cárcel, 30 más ya fueron consignadas.
Tal parece que en Guanajuato, como sucede en otras entidades del país, “La cultura fálica de la dominación es, todavía, un hecho”, como asegura Juan María Alponte, en su libro Mujeres, Crónica de una Rebelión Histórica (Ed. Aguilar). Cultura fálica representada por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez; el procurador de aquella entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, y por supuesto por el personal masculino de los hospitales que denuncian a las mujeres que abortan, mujeres casi siempre jóvenes y en situación de pobreza, que han interrumpido el embarazo sea o no provocado. Las mujeres que pueden pagar no se arriesgan, acuden a costosas clínicas para interrumpir sus embarazos. Es cuestión de oportunidades.
La criminalización del aborto, es decir, impedir a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos, ejercer ese derecho, es una imposición de un viejo sistema de dominación, que se resiste a ver a las mujeres en igualdad de derechos, en igualdad para ejercer su libertad, las considera inferiores, las oprime con sus leyes, de ahí que se atribuya la facultad de seguir subyugándolas mediante legislaciones absurdas. Son, pienso, iguales al grupo talibán que el pasado domingo ejecutó públicamente a Bibi Sanubar, viuda de 35 años, que sin estar casada se embarazó, lo que significa no cumplir con los preceptos del Corán. Antes, esta mujer que fue acribillada por el propio juez que la condenó en un juicio sumario, recibió 200 latigazos y fue obligada a abortar. Sin duda, el patriarcado es una condena vigente.
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Cancún, otra vez la infancia
Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez, está en el ojo el huracán luego de que se diera a conocer la violación de una menor en una “celda de castigo” que existe desde 2006 en un albergue o casa filtro para menores, perteneciente al Sistema DIF y que opera el gobierno municipal.
Hace poco más de una semana, fueron reveladas varias verdades: la violencia sexual contra una menor que puso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trascendió que otra pequeña sufrió la misma tortura y que hay una tercera que está desaparecida.
Sin embargo, este vergonzoso caso cobró notoriedad en los medios por el escándalo político que acusaba con índice de fuego al gobierno perredista de Benito Juárez, lo que dio lugar a otra revelación terrible en el sentido de que estas celdas de castigo operan en seis de los nueve municipios de Quintana Roo.
Así, que como un acto de magia, los medios invisibilizaron las amargas experiencias de las dos menores y la supuesta desaparición de otra más –muy parecido a lo sucedido en Casitas del Sur, un albergue de la ciudad de México, cuya investigación está en manos de la PGR, pero ya no se sabe nada -. Es increíble cómo frente a determinados asuntos escabrosos, dolorosos y vergonzosos, la sociedad mexicana invisibiliza los hechos profundos que revelan que en este país los derechos humanos son un plato de segunda mesa, más aún cuando se trata de las niñas y los niños.
Hasta ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza entrevistas con las más de 40 niñas y niños y la directora María del Pilar Rello Aguilar fue destituida. Esta funcionaria aceptó que sí había la celda de castigo y, en una pretensión absurda de lavarse las manos, sostiene que se utilizó sólo “algunas veces” para niñas y niños con adicciones y también para aislar a quienes por su conducta podrían ocasionar algún daño.
Sin duda, se hace necesario investigar a fondo los hechos ocurridos. No basta con destituir a la directora, se tiene que saber quiénes fueron y castigar a los agresores de la violencia sexual cometida contra una o dos niños y también se debe conocer qué fue de la niña cuyo paradero se desconoce. Saber la verdad es fundamental.
El albergue o casa filtro como le llaman es dirigido desde el pasado viernes por la ex visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Laura Susana Martínez, quien tendrá que asumir su papel, porque aunque el hecho se convirtió en un asunto político, ocultando las agresiones cometidas contra las niñas y los niños, este no puede ser un caso más de los que ocurren en este país y que termine en el olvido y sin el ejercicio de la justicia para las niñas violadas.
Ojala que la verdad se esclarezca antes de que inicie su gobierno el priista Roberto Borge Angulo lo que ocurrirá en abril de 2011, digo esto por aquello del parentesco del mandatario electo con nada más ni nada menos que Kamel Nacif Borge, quien es su primo. Sí, efectivamente, me refiero al Kamel Nacif, aquel de “mi héroe”, “mi gober precioso”, el Rey de la mezclilla, como le llaman es primo del nuevo gober electo de Quintana Roo. El otro ojalá que se me ocurre expresar es que esta vez el gobierno de Quintana Roo sea menos complaciente con quienes violan los derechos de la infancia.
*Soledad Jarquín es Premio Nacional de Periodismo 2007
Más de una década después de que mujeres independientes, feministas, académicas, de organizaciones no gubernamentales e, incluso, servidoras públicas, demandaran de manera reiterada y en tiempos distintos, las reformas y adiciones necesarias para la eliminación de vacíos legales al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el pasado jueves 12 de agosto se aprobó el procedimiento que hará realidad lo establecido en el artículo 316, fracción II del Código Penal, es decir, el cómo, el quién y el dónde se debe practicar un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, disposición contemplada en Oaxaca desde 1944, según dato obtenido en el dictamen presentado.
La dilación de más de seis décadas para normar el procedimiento de aborto legal en caso de violación por parte del Legislativo es una larga cuenta de muertes maternas, frente a la única opción de las mujeres a realizarse abortos en condiciones no seguras; en otras, el dogmatismo del Legislador, se traduce en enfermedades que las discapacitan y que arrastran a lo largo de sus vidas como resultado de malas prácticas médicas al momento de un aborto que la ley no les garantizó y, un tercer drama, el cambio radical de la vida de las mujeres, que frente al vacío legal como principal obstáculo, son doblemente victimizadas al negarles su derecho al aborto legal y son obligadas a tener un hijo no deseado que le recordará durante toda su vida la forma brutal en que fue concebido. Sí, aunque digan lo contrario.
Pero los tiempos cambian y el reacomodo de las fuerzas políticas actuó como viento a favor de esta añeja demanda de las mujeres que viven en Oaxaca. Así, el priismo llevó la propuesta hasta las últimas consecuencias y el pasado jueves, por unanimidad se aprobaron las reformas y adiciones a varios artículos del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, que establecen los procedimientos de aborto en caso de violación. Sin duda y parafraseando a Neil Amstrong: “es un pequeño paso para las mujeres pero un gran salto para la humanidad”.
La adición al artículo 60 del Código de Procedimientos Penales establece que la interrupción legal del embarazo (ILE) se hará en los hospitales de asistencia pública, los cuales deberán contar con el personal no objetor de conciencia, lo que habría de garantizar a las mujeres este servicio.
Esta reforma establece que corresponderá al Ministerio Público autorizar en 72 horas, contadas a partir de la solicitud del ILE presentada por quien ha sido agredida sexualmente; en seguida el MP notificará al Secretario (o Secretaria) de Salud de la entidad, quien tendrá que ordenar a quién corresponda la práctica del ILE y deberá tomar la muestra del producto para la realización de la prueba de ADN y determinar la responsabilidad del agresor.
No hay duda, es un paso importante, pequeño pero importante, que al menos blinda el derecho de las mujeres a abortar cuando el embarazo es resultado de una violación sexual ¡faltaba más! como decía mi querida abuelita Lucha y es un gran salto considerando lo ocurrido en los últimos años con el derecho a decidir de las mujeres en 18 entidades del país, además de que ignoramos el rumbo que tomarán los derechos de las mujeres con la derechaizquierda, dispuestos a no plantear nada que pueda romper la pretendida unidad al seno de la próxima legislatura (todos contra el PRI), al grado tal que Manuel Camacho Solís ya les tiró línea y les advirtió que para evitar rompimientos nada que tenga que ver con el aborto y el matrimonio homoparental, donde tal parece no hay ni habrá consensos, una hendidura grave que con el tiempo podría desmoronar la casa. Los vientos políticos, queda claro, han cambiado de rumbo, leyó bien ese rumbo la bancada priista que llevó la aprobación de las modificaciones que supuestamente propuso Ulises Ruiz vía el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hasta la unanimidad con la votación de 37 diputados que asistieron, cinco legisladores se perdieron esa oportunidad por encontrarse de permiso: Francisca Vera Pineda y Amador Jara Cruz, del PRD; Juan Olivera del PT, Magdiel Hernández Caballero del PUP y José Vásquez Morales del PSD.
Sin embargo, el Legislativo deja pendientes graves, como las aberrantes reformas al Artículo 12 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, lo que sucedió en septiembre pasado a propuesta de la panista y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Perla Woolrich, y que fehacientemente defendieron los priistas, en esa alianza de compromisos que suscribieron legisladores del PRI con el PAN sobre el cuerpo de las mujeres, provocando con ello la criminalización del aborto en 18 entidades del país.
Hemos escuchado cómo algunos actores políticos, algunas mujeres y una mayoría de hombres, han empezado a plantear un debate sobre el aborto, todos quieren decir qué deben hacer las mujeres, entre ellos por supuesto la jerarquía católica, los diputados que no resisten las tentaciones del patriarcado, los funcionarios que con poder se pretenden infalibles y, bueno, hasta los que nada tienen que decir opinan; sin embargo, las mujeres no plantean debate alguno, todos estos años lo que han puesto sobre la mesa es su derecho a decidir y a determinar sobre sus cuerpos, como una decisión propia y no del resto de las personas.
En Guanajuato, por ejemplo, el Legislativo de filiación panista, criminalizó el aborto mediante una figura creada para ello y que se denomina “homicidio en razón de parentesco”. El resultado es que 166 mujeres han sido denunciadas por el personal médico de hospitales públicos, 14 enfrentan un proceso penal, nueve han sido sentenciadas con penalidades que superan los 25 años de cárcel, 30 más ya fueron consignadas.
Tal parece que en Guanajuato, como sucede en otras entidades del país, “La cultura fálica de la dominación es, todavía, un hecho”, como asegura Juan María Alponte, en su libro Mujeres, Crónica de una Rebelión Histórica (Ed. Aguilar). Cultura fálica representada por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez; el procurador de aquella entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, y por supuesto por el personal masculino de los hospitales que denuncian a las mujeres que abortan, mujeres casi siempre jóvenes y en situación de pobreza, que han interrumpido el embarazo sea o no provocado. Las mujeres que pueden pagar no se arriesgan, acuden a costosas clínicas para interrumpir sus embarazos. Es cuestión de oportunidades.
La criminalización del aborto, es decir, impedir a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos, ejercer ese derecho, es una imposición de un viejo sistema de dominación, que se resiste a ver a las mujeres en igualdad de derechos, en igualdad para ejercer su libertad, las considera inferiores, las oprime con sus leyes, de ahí que se atribuya la facultad de seguir subyugándolas mediante legislaciones absurdas. Son, pienso, iguales al grupo talibán que el pasado domingo ejecutó públicamente a Bibi Sanubar, viuda de 35 años, que sin estar casada se embarazó, lo que significa no cumplir con los preceptos del Corán. Antes, esta mujer que fue acribillada por el propio juez que la condenó en un juicio sumario, recibió 200 latigazos y fue obligada a abortar. Sin duda, el patriarcado es una condena vigente.
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Cancún, otra vez la infancia
Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez, está en el ojo el huracán luego de que se diera a conocer la violación de una menor en una “celda de castigo” que existe desde 2006 en un albergue o casa filtro para menores, perteneciente al Sistema DIF y que opera el gobierno municipal.
Hace poco más de una semana, fueron reveladas varias verdades: la violencia sexual contra una menor que puso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trascendió que otra pequeña sufrió la misma tortura y que hay una tercera que está desaparecida.
Sin embargo, este vergonzoso caso cobró notoriedad en los medios por el escándalo político que acusaba con índice de fuego al gobierno perredista de Benito Juárez, lo que dio lugar a otra revelación terrible en el sentido de que estas celdas de castigo operan en seis de los nueve municipios de Quintana Roo.
Así, que como un acto de magia, los medios invisibilizaron las amargas experiencias de las dos menores y la supuesta desaparición de otra más –muy parecido a lo sucedido en Casitas del Sur, un albergue de la ciudad de México, cuya investigación está en manos de la PGR, pero ya no se sabe nada -. Es increíble cómo frente a determinados asuntos escabrosos, dolorosos y vergonzosos, la sociedad mexicana invisibiliza los hechos profundos que revelan que en este país los derechos humanos son un plato de segunda mesa, más aún cuando se trata de las niñas y los niños.
Hasta ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza entrevistas con las más de 40 niñas y niños y la directora María del Pilar Rello Aguilar fue destituida. Esta funcionaria aceptó que sí había la celda de castigo y, en una pretensión absurda de lavarse las manos, sostiene que se utilizó sólo “algunas veces” para niñas y niños con adicciones y también para aislar a quienes por su conducta podrían ocasionar algún daño.
Sin duda, se hace necesario investigar a fondo los hechos ocurridos. No basta con destituir a la directora, se tiene que saber quiénes fueron y castigar a los agresores de la violencia sexual cometida contra una o dos niños y también se debe conocer qué fue de la niña cuyo paradero se desconoce. Saber la verdad es fundamental.
El albergue o casa filtro como le llaman es dirigido desde el pasado viernes por la ex visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Laura Susana Martínez, quien tendrá que asumir su papel, porque aunque el hecho se convirtió en un asunto político, ocultando las agresiones cometidas contra las niñas y los niños, este no puede ser un caso más de los que ocurren en este país y que termine en el olvido y sin el ejercicio de la justicia para las niñas violadas.
Ojala que la verdad se esclarezca antes de que inicie su gobierno el priista Roberto Borge Angulo lo que ocurrirá en abril de 2011, digo esto por aquello del parentesco del mandatario electo con nada más ni nada menos que Kamel Nacif Borge, quien es su primo. Sí, efectivamente, me refiero al Kamel Nacif, aquel de “mi héroe”, “mi gober precioso”, el Rey de la mezclilla, como le llaman es primo del nuevo gober electo de Quintana Roo. El otro ojalá que se me ocurre expresar es que esta vez el gobierno de Quintana Roo sea menos complaciente con quienes violan los derechos de la infancia.
*Soledad Jarquín es Premio Nacional de Periodismo 2007
viernes, 13 de agosto de 2010
Fue aprobada en el congreso de Oaxaca la INICIATIVA DE REFORMA DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR VIOLACIÓN
La Trenza
Agosto 12, 2010
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Les informamos con gran gusto que el día de ayer fue aprobada en el congreso de Oaxaca la INICIATIVA DE REFORMA DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR VIOLACIÓN (ILEV) que mandata a los Ministerios Públicos a autorizar en un plazo de 72 horas la solicitud de interrupción del embarazo y la notificación a la Secretaria de Salud del estado misma que deberá contar con personal no objetor de conciencia de manera que la mujer que solicite un aborto legal tenga garantizado este servicio.
Este logro se debe al trabajo coordinado de las organizaciones que integramos el colectivo Huaxyacac y a las gestiones realizadas por la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Abrazos a todas y todos en este logro a favor de los derechos de las mujeres.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
http://www.consorciooaxaca.org.mx
Agosto 12, 2010
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Les informamos con gran gusto que el día de ayer fue aprobada en el congreso de Oaxaca la INICIATIVA DE REFORMA DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR VIOLACIÓN (ILEV) que mandata a los Ministerios Públicos a autorizar en un plazo de 72 horas la solicitud de interrupción del embarazo y la notificación a la Secretaria de Salud del estado misma que deberá contar con personal no objetor de conciencia de manera que la mujer que solicite un aborto legal tenga garantizado este servicio.
Este logro se debe al trabajo coordinado de las organizaciones que integramos el colectivo Huaxyacac y a las gestiones realizadas por la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Abrazos a todas y todos en este logro a favor de los derechos de las mujeres.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
http://www.consorciooaxaca.org.mx
miércoles, 11 de agosto de 2010
Se rearticula el movimiento feminista en el país
Luego de 18 años, preparan Encuentro Nacional Feminista
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 11 ago 10 (CIMAC).- Con el objetivo de lograr la rearticulación del movimiento feminista y responder a la embestida de los gobiernos locales y federales, en contra de los derechos de las mujeres, alrededor de mil 500 feministas del país participarán en el Encuentro Nacional Feminista 2010 (ENF2010), que se realizará el próximo 27, 28 y 29 de agosto, en Zacatecas.
Así lo informó, en conferencia de prensa, Lourdes García, integrante del Grupo Promotor del ENF2010, quien señaló que luego de 18 años de que en el país no se realizaba un encuentro de este tipo, las feministas buscarán que no haya más retrocesos en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y que se cumplan las leyes y las acciones promovidas por el movimiento feminista.
En el ENF2010 también estarán presentes las demandas históricas de las feministas mexicanas como son: la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto libre y seguro, así como el respeto a las preferencias socio-afectivas.
En este espacio, “buscaremos la rearticulación de las feministas del país ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo?” para, de este modo, “responder al embate del gobierno federal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violentados gravemente en los últimos años”.
Y es que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas promueven en sus leyes locales el derecho a la vida desde la concepción, el cual criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Como resultado de estas legislaciones, es que 150 mujeres han sido procesadas penalmente por practicarse un aborto, aún cuando muchos de ellos no fueron inducidos, esta es una “práctica sistemática” en la que imperan los “dogmas religiosos” de quienes legislan y gobiernan, por encima de un derecho humano, coincidieron las feministas.
En Zacatecas, las mujeres discutirán las formas en las que pueden incidir “para que las leyes y políticas públicas a favor de la no violencia se cumplan, porque no hay correspondencia”, aseguró Lourdes García.
La integrante del Grupo Promotor del ENF10 mencionó que medidas incluidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la declaratoria de “alerta de género”, no se han aplicado, pese a diversas solicitudes de feministas organizadas en contra de la ola de violencia de género que prevalece en el país.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2006 reportó que 43 por ciento de las mujeres del país han sido víctimas de violencia, y el porcentaje se eleva a 54 por ciento en el Estado de México.
A pesar de que las estadísticas de violencia no disminuyen, aún falta voluntad por parte de quienes toman decisiones, por lo que el movimiento feminista requiere “volver a influir en las políticas públicas, que hagan cumplir las leyes, que el mismo movimiento impulsó”.
Igualmente, se analizarán las estrategias para buscar incidir en los temas de respeto a los derechos sexuales y reproductivo y la no violencia para las mujeres, también buscarán emprender acciones a favor de una población invisibilizada en las cifras oficiales, las lesbianas, mexicanas con una orientación socio-afectiva diferente, que son doblemente discriminadas.
Rosalinda Ávila, del Grupo Promotor del ENF2010, indicó que las lesbianas son discriminadas por su condición de género y por su orientación sexual, además de sufrir discriminación, son hostigadas sexualmente en mayor medida porque no son heterosexuales.
Este hecho, será tema de discusión, en busca de alternativas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres. En el Encuentro también se discutirán estrategias para la reivindicación de las garantías de las indígenas y de las portadoras del virus de inmunodeficiencia humana.
El cambio climático y género, también será tema de las feministas y mediante diferentes actividades propuestas por las mismas participantes se discutirán otras temáticas.
La convocatoria sigue abierta en el sitio web del ENF10: www.efemx.blogspot.com, donde las interesadas podrán inscribirse cubriendo un costo de 300 pesos.
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 11 ago 10 (CIMAC).- Con el objetivo de lograr la rearticulación del movimiento feminista y responder a la embestida de los gobiernos locales y federales, en contra de los derechos de las mujeres, alrededor de mil 500 feministas del país participarán en el Encuentro Nacional Feminista 2010 (ENF2010), que se realizará el próximo 27, 28 y 29 de agosto, en Zacatecas.
Así lo informó, en conferencia de prensa, Lourdes García, integrante del Grupo Promotor del ENF2010, quien señaló que luego de 18 años de que en el país no se realizaba un encuentro de este tipo, las feministas buscarán que no haya más retrocesos en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y que se cumplan las leyes y las acciones promovidas por el movimiento feminista.
En el ENF2010 también estarán presentes las demandas históricas de las feministas mexicanas como son: la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto libre y seguro, así como el respeto a las preferencias socio-afectivas.
En este espacio, “buscaremos la rearticulación de las feministas del país ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo?” para, de este modo, “responder al embate del gobierno federal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violentados gravemente en los últimos años”.
Y es que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas promueven en sus leyes locales el derecho a la vida desde la concepción, el cual criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Como resultado de estas legislaciones, es que 150 mujeres han sido procesadas penalmente por practicarse un aborto, aún cuando muchos de ellos no fueron inducidos, esta es una “práctica sistemática” en la que imperan los “dogmas religiosos” de quienes legislan y gobiernan, por encima de un derecho humano, coincidieron las feministas.
En Zacatecas, las mujeres discutirán las formas en las que pueden incidir “para que las leyes y políticas públicas a favor de la no violencia se cumplan, porque no hay correspondencia”, aseguró Lourdes García.
La integrante del Grupo Promotor del ENF10 mencionó que medidas incluidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la declaratoria de “alerta de género”, no se han aplicado, pese a diversas solicitudes de feministas organizadas en contra de la ola de violencia de género que prevalece en el país.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2006 reportó que 43 por ciento de las mujeres del país han sido víctimas de violencia, y el porcentaje se eleva a 54 por ciento en el Estado de México.
A pesar de que las estadísticas de violencia no disminuyen, aún falta voluntad por parte de quienes toman decisiones, por lo que el movimiento feminista requiere “volver a influir en las políticas públicas, que hagan cumplir las leyes, que el mismo movimiento impulsó”.
Igualmente, se analizarán las estrategias para buscar incidir en los temas de respeto a los derechos sexuales y reproductivo y la no violencia para las mujeres, también buscarán emprender acciones a favor de una población invisibilizada en las cifras oficiales, las lesbianas, mexicanas con una orientación socio-afectiva diferente, que son doblemente discriminadas.
Rosalinda Ávila, del Grupo Promotor del ENF2010, indicó que las lesbianas son discriminadas por su condición de género y por su orientación sexual, además de sufrir discriminación, son hostigadas sexualmente en mayor medida porque no son heterosexuales.
Este hecho, será tema de discusión, en busca de alternativas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres. En el Encuentro también se discutirán estrategias para la reivindicación de las garantías de las indígenas y de las portadoras del virus de inmunodeficiencia humana.
El cambio climático y género, también será tema de las feministas y mediante diferentes actividades propuestas por las mismas participantes se discutirán otras temáticas.
La convocatoria sigue abierta en el sitio web del ENF10: www.efemx.blogspot.com, donde las interesadas podrán inscribirse cubriendo un costo de 300 pesos.
lunes, 9 de agosto de 2010
La Suprema Corte discutirá la adopción ejercida por parejas del mismo sexo
México DF, agosto 04 de 2010.
No a la adopción homosexual. “¿Dónde quedan los derechos de las niñas y los niños?”, cuestionaba una pancarta de la organización Renacer, Instituto Mexicano de Orientación Sexual (IMOS), que congregó ayer a una treintena de personas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde empezó el debate sobre la acción de inconstitucionalidad 2/2010, promovida por la Procuraduría General de la República contra las reformas que aprobó la Asamblea capitalina en diciembre pasado.
A tres cuartos de hora de iniciar en el máximo tribunal del país el debate en torno al matrimonio universal y la adopción homoparental, los manifestantes ya habían colocado sobre sus espaldas y las vallas que blindaban el recinto, sentencias impresas en serigrafía, en las cuales se advertía a los transeúntes capitalinos, que los padres y las madres gays y lesbianas representan un “factor de riesgo para el sano desarrollo de las niñas y los niños del DF”.
La campaña de Renacer arrancó un día antes de la discusión en la Corte. En plazas comerciales, el Ángel de la Independencia y afuera del máximo tribunal del país. Los activistas de esta organización repartieron volantes a favor de “que en el debate sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, prevalezca la no discriminación y el mandato de la Constitución mexicana que exige la protección del bienestar superior de los niños, tomando en cuenta ‘el factor de riesgo' en la conducta homosexual estudiada ampliamente en naciones donde el tema ha sido debatido con anterioridad”.
A la protesta no asistió el líder de Renacer, Óscar Rivas, psicólogo ex gay que también lideró Courage Latino, ministerio fiel a las enseñanzas del catecismo de la Iglesia católica: los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza”, pero como su “inclinación” es “objetivamente desordenada”, están llamados a la castidad.
En la actualidad, el experto de la “Atracción al Mismo Sexo no deseada” dirige el Instituto Mexicano de Orientación Sexual, brazo derecho en México de la National Association for Research and Therapy of Homosexuality, organización estadounidense que asegura revertir y prevenir las orientaciones no heterosexuales.
Entre los manifestantes de Renacer, estaba la señora Zúñiga, una mujer de 56 años de edad, “ama de hogar” y madre soltera de dos hijos. “Son mis pilas, los he sacado adelante”. Fue a la protesta para defender a la infancia mexicana. “Si en un hogar formado muchas veces hay desviaciones de padres entre hijos, ¿qué esperas tú de alguien que no conoces? Ese niño que orita piensas dar en adopción, algún día te va a dar un vaso de agua”.
-¿Cómo la convocaron señora Zuñiga?
-Somos parte de una asociación civil.
-¿Qué asociación?
-Aquí lo dice -señaló la pancarta del IMOS-; no tengo orita el volante, pero orita que venga te ofrezco uno.
Juan, preparatoriano de 18 años, se enteró a través de internet. “Estaban solicitando personas que vinieran a apoyar”. Aclaró que no milita en ningún partido político y tampoco es homofóbico, “pero pus ora sí que no estoy de acuerdo que ellos adopten”. ¿Y el aborto? “Es su cuerpo, su naturaleza. Son libres ¿no?, de decidir sobre su cuerpo”.
A unos pasos, David se quejaba de las críticas que había recibido de algunos peatones. “¡Están locos! ¡Homofóbicos! ¡Encubridores de pederastas!”. El motor de su oposición no es el odio a los homosexuales, sino el rechazo a “las leyes que están inventado en el DF”, para las cuales, la sociedad aún no está preparada. “No soy persignado pero hay situaciones que si uno como adulto no las entiende, mucho menos el niño”, expresó el estudiante universitario de 27 años.
Una señora que prefirió no decir su nombre llevó a su familia. “¿Dos hombres? ¡Es ilógico!” Su hijo Alexis, de 16 años, completó la frase de su madre. “Sería un mal ejemplo para los niños”.
Ajeno a la protesta pero atento a los argumentos esgrimidos por los manifestantes, al señor Jesús le sorprendió que “ni siquiera saben qué onda, ni a qué vienen, ni por qué. No tienen argumentos firmes para defender esa posición”; sin embargo, el plomero de 55 años se pronunció por respetar a quienes se oponen a los derechos de los homosexuales.
“Soy bautizado y creo en Dios y creo en la Virgen pero eso no quita que tenga que estar abierto. Yo doy pláticas de bautismo en mi parroquia. Muy por abajito les platicó ¿no?, que la homosexualidad no tiene nada que ver con eso. Yo llegué hasta quinto de primaria, pero mi maestro de Biblia me dijo: 'tú lee cuanta hoja te caiga en tu mano'”.
La protesta del IMOS cedió la estafeta al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien al interior de la Suprema Corte de Justicia ayer dio una cátedra de geometría: “si a una figura cuadrangular se le quita uno de sus lados, pierde su sustancia. Se convierte en triángulo”.
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